Así lo establece la Ley 30336 mediante la cual el Congreso delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha contra la delincuencia y contra el crimen organizado, publicada hoy en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.
La optimización del sistema nacional de registros públicos para garantizar la seguridad jurídica y prevenir los fraudes, se hizo necesaria al conocerse el incremento del número de fraudes y perjuicios a los derechos de terceros así como de modalidades ante algunos vacíos de la normativa registral. Un caso palpable es el denominado caso Orellana.
La norma también faculta al Poder Ejecutivo a emitir legislación para combatir la usurpación y el tráfico de terrenos.
¿Qué contiene la Ley 30336?
Esta ley autoriza faculta al Poder Ejecutivo a legislar en siete campos:
1.- Combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico de drogas y de insumos químicos y la usurpación y tráfico de terrenos.
2.- Fortalecer la supervisión, gestión y control migratorio, así como de los servicios aduaneros, puertos y aeropuertos.
3.- Fortalecer los servicios de seguridad privada y el uso de los sistemas de video vigilancia y radiocomunicación.
4.- Potenciar la capacidad operativa, la organización, el servicio policial y el régimen disciplinario de la Policía Nacional.
5.- Promover y fortalecer el sistema penitenciario nacional en materia de infraestructura, salubridad, seguridad, vigilancia y control.
6.- Optimizar el sistema nacional de registros públicos para garantizar la seguridad jurídica y prevenir los fraudes.
7.- Fortalecer la defensa jurídica del Estado para garantizar el pago de las reparaciones.
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